Una investigación que se ha alargado 19 meses y que ha ido a cargo de Mossos d’Esquadra y Policía Nacional, ha permitido desmantelar a una banda que falsificaba documentos de identidad portugueses para conseguir contratos de trabajo falsos para ciudadanos brasileños. Con ellos se lograban prestaciones de desempleo y otros servicios sociales de forma fraudulenta.
El operativo comenzó tras la detención de ciudadanos brasileños afincados en Cunit y que se identificaban con documentación portuguesa. La investigación relacionó a los detenidos con empresas, principalmente del sector de la construcción, dirigidas por ciudadanos españoles, que los contrataban de forma fraudulenta.
La operación Bodinho se ha saldado con 41 detenidos, de los que 15 ya han ingresado en prisión. Los miembros del grupo se dividían las tareas. Mientras unos preparaban la documentación falsificada, otros contactaban con empresas dispuestas a contratar de forma fraudulenta a inmigrantes con documentos falsos. El grupo incluso que creaba empresas ficticias para dar credibilidad a los contratos.
Esto permitía a los usuarios de los documentos de identidad falsos obtener un permiso de residencia inicial como ciudadanos de la Unión Europea, las aperturas de cuentas bancarias u obtener créditos al consumo, entre otros.
Prestaciones
Con contratos, nóminas y cuentas corrientes falsificadas, otros miembros se dedicaban a solicitar prestaciones de desempleo y otros servicios sociales argumentando la finalización del contrato. Alguno de los implicados había llegado a cobrar hasta ocho prestaciones de desempleo a la vez con tantas identidades diferentes.
La banda criminal también engordaba sus arcas con el dinero que pedía a sus compatriotas a cambio de facilitarles los documentos falsificados y las gestiones posteriores para el cobro de las prestaciones de desempleo. Los empresarios que aceptaban colaborar en la trama podrían percibir alguna cantidad. El valor económico de lo estafado y los beneficios que habrían obtenido los jefes de la banda es incalculable, según fuentes policiales.
Mossos d’Esquadra y Policía Nacional dan por desarticulado al grupo que estaría formado por 48 personas. El juez les acusa de asociación ilícita, tráfico ilegal e inmigración clandestina, así como de los delitos contra el derecho de los trabajadores, fraude a la Seguridad Social y Hacienda Pública, usurpación del Estado Civil y estafa.
El operativo comenzó tras la detención de ciudadanos brasileños afincados en Cunit y que se identificaban con documentación portuguesa. La investigación relacionó a los detenidos con empresas, principalmente del sector de la construcción, dirigidas por ciudadanos españoles, que los contrataban de forma fraudulenta.
La operación Bodinho se ha saldado con 41 detenidos, de los que 15 ya han ingresado en prisión. Los miembros del grupo se dividían las tareas. Mientras unos preparaban la documentación falsificada, otros contactaban con empresas dispuestas a contratar de forma fraudulenta a inmigrantes con documentos falsos. El grupo incluso que creaba empresas ficticias para dar credibilidad a los contratos.
Esto permitía a los usuarios de los documentos de identidad falsos obtener un permiso de residencia inicial como ciudadanos de la Unión Europea, las aperturas de cuentas bancarias u obtener créditos al consumo, entre otros.
Prestaciones
Con contratos, nóminas y cuentas corrientes falsificadas, otros miembros se dedicaban a solicitar prestaciones de desempleo y otros servicios sociales argumentando la finalización del contrato. Alguno de los implicados había llegado a cobrar hasta ocho prestaciones de desempleo a la vez con tantas identidades diferentes.
La banda criminal también engordaba sus arcas con el dinero que pedía a sus compatriotas a cambio de facilitarles los documentos falsificados y las gestiones posteriores para el cobro de las prestaciones de desempleo. Los empresarios que aceptaban colaborar en la trama podrían percibir alguna cantidad. El valor económico de lo estafado y los beneficios que habrían obtenido los jefes de la banda es incalculable, según fuentes policiales.
Mossos d’Esquadra y Policía Nacional dan por desarticulado al grupo que estaría formado por 48 personas. El juez les acusa de asociación ilícita, tráfico ilegal e inmigración clandestina, así como de los delitos contra el derecho de los trabajadores, fraude a la Seguridad Social y Hacienda Pública, usurpación del Estado Civil y estafa.
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